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La Paz/Cosas Claras.- En esta entrevista el secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo habla de la importancia de generar conciencias ciudadana sobre la corresponsabilidad que implica cuidar el territorio, cumplir las normas y frenar los avasallamientos y loteamientos

El deslizamiento Kantutani puso en evidencia una problemática latente en la ciudad: la identificación de viviendas sin autorización de construcción, ¿a qué se atribuye este comportamiento repetitivo en el ciudadano?

Este aspecto es bastante común en las ciudades latinoamericanas. La ciudad de La Paz no es la excepción; el informalismo se traduce en varios ámbitos: sociales, económicos, culturales por poner algunos ejemplos, que también se traducen en la construcción de una “vivienda propia” sin asesoramiento técnico y en muchos casos por autoconstrucción.

La construcción de edificaciones sin autorización municipal es producto de uno o varios factores que no sólo están relacionados con la satisfacción de una necesidad básica. Sin embargo, se puede señalar que existe una relación importante y directa con las condiciones socioeconómicas de las familias que necesitan contar con un “techo” propio, que en su generalidad por la precaria situación de la tenencia del suelo, no es objeto de mejoras.

Desde el modelo de planificación de la Municipalidad, se busca un ordenamiento territorial que no solo comprenda la documentación técnica legal. Pese al deslizamiento, ¿qué acciones considera que han tenido éxito en el comportamiento ciudadano a partir de la aplicación de este plan?

A través de varias políticas implementadas por el municipio en el marco del Plan La Paz 2040, se pretende generar en el ciudadano una conciencia sobre la importancia de contar con la documentación técnica y legal de sus inmuebles en orden, pues esto en esencia representa seguridad para los vecinos y sus familias. Por ejemplo, uno de los principales objetivos del proyecto de Catastro Masivo, impulsado en la gestión 2018, busca acercar el municipio al ciudadano, directamente en los barrios. Con ello se consigue orientar técnica y legalmente a los vecinos para que puedan resolver sus problemas, que en algunos casos datan de hace varios años.

La Municipalidad amplió sus servicios de administración territorial. Pese a este esfuerzo, muchos ciudadanos aún no se rigen a estos procesos y, por ejemplo, edifican sin autorización. ¿Cómo se explica esta realidad?

Si bien se han realizado importantes medidas para facilitar los trámites territoriales en los últimos años, no se puede negar que uno de los principales factores que inciden en que no se cuente con las autorizaciones respectivas es la pretensión y avasallamiento por parte de otros municipios, que sin verificar ningún aspecto de orden técnico autorizan edificaciones fuera de la normativa municipal, con exceso en construcciones y que generan riesgos no solo al predio que lo solicita, sino también a todos sus vecinos.

Adicionalmente a ello, como se mencionó anteriormente, lamentablemente no se encuentra muy arraigada en nuestra sociedad el cumplimiento normativo que en algunos casos sumados a la imposibilidad económica de los ciudadanos para contratar a profesionales especializados, repercute en que se generen construcciones clandestinas.

Desde octubre de 2018 está en vigencia la Ley de Fiscalización Territorial 233-240, ¿cuál es el espíritu de esta norma?

A diferencia de lo que se pretendió estigmatizar, esta norma lo que busca es justamente generar conciencia sobre la corresponsabilidad que se tiene entre los vecinos, la ciudad y el municipio. La construcción de las ciudades es colectiva, por lo que más allá de sancionar a propietarios de inmuebles que incumplen la normativa urbanística, la norma pretende educar, persuadir y fomentar a los vecinos a que cumplan la Ley de Usos de Suelos Urbanos, norma con la que se administra el territorio.

¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron la necesidad de elaborar esta norma?

La anterior norma de Procesos de Fiscalización Territorial que contaba el municipio databa del 2004, era estrictamente punitiva, los procesos administrativos eran bastante burocráticos y no se conseguía los resultados que se esperaban, por lo que, producto de un exhaustivo proceso de análisis entre varias instancias municipales y otros, se desarrolló esta nueva normativa que ya no tiene ese carácter sancionador. Por el contrario, motiva a que los vecinos cumplan la normativa, ya que el beneficio no es solo para el propietario, sino para toda la ciudad.

¿Esta Ley permitirá a largo plazo reducir los avasallamientos y loteamientos?

Sí, la normativa aprobada si bien aporta nuevos mecanismos para que los vecinos puedan cumplir la norma urbanística, es bastante dura con las personas que de manera ilegal pretenden apoderarse de espacios públicos municipales. Se han acortado los tiempos de actuación y endurecido las sanciones, puesto que estas personas que en varios casos se han identificado como grupos u organizaciones criminales bien articuladas, de manera pacífica o violenta, ingresan a predios municipales, lo que a la larga, de permitirse tal aspecto, reduce la calidad de vida de todos. Es por este motivo que todos los ciudadanos debemos ser parte de la fiscalización de estos espacios, puesto que el beneficio es común.

¿Cómo trabaja el Municipio en el ámbito de la fiscalización de predios?

La Ley de Fiscalización Territorial es operativizada en el territorio por las Unidades de Fiscalización y Defensa de la Propiedad Municipal de las Subalcaldías, realizando controles permanentes y continuos tanto a denuncia ciudadana como de oficio, teniendo como objetivo que los propietarios puedan hacer un uso y goce de sus predios de manera responsable y cumpliendo la norma urbana.

¿Qué es lo más importante que usted considera debe saber el ciudadano en torno a esta ley para que ésta sea efectiva y genere resultados en el corto plazo?

Uno de los objetivos fundamentales de la administración municipal es concientizar al vecino sobre las responsabilidades y obligaciones que tienen todos los propietarios de bienes inmuebles en nuestra ciudad, por ello es importante que el vecino asuma conciencia y responsabilidad sobre aspectos de que existe una normativa urbana que debe ser cumplida por todos, ya que el beneficio no es individual sino común, asimismo asumir sus responsabilidades y sanciones cuando se contraviene la citada norma.

¿Qué otras medidas asumirá el Gobierno Municipal para lograr hacia el 2040 tener un territorio más ordenado?

Se han hecho importantes avances en varios ámbitos para tener una ciudad que sea lo más ordenada posible, teniendo en cuenta que durante varias décadas en el siglo pasado este aspecto no fue tomado con la importancia que merece. Por ello el municipio de La Paz a través del Plan 2040 ya plantea una visión a largo plazo y en esa misma línea se ha avanzado mucho en cuanto a la administración territorial a través de la aprobación de planimetrías o impulsando proyectos como el de Catastro Masivo. Sin embargo, el crecimiento de la ciudad no solo debe ser generado exclusivamente por su Gobierno Municipal, sino por todos los ciudadanos que vivimos en ella.

El Gobierno Municipal tiene las leyes de Uso de Suelos Urbanos y de Fiscalización Territorial. ¿Qué otras herramientas se han previsto para fortalecer estas normas? ¿Son suficientes o se ha previsto otro tipo de acciones que fortalezcan estas tareas?

Toda norma siempre es perfectible, el municipio de La Paz sin duda alguna está a la vanguardia en haber generado instrumentos legales que permiten un crecimiento de manera adecuada y ordenada. Sin embargo la actualización de estos instrumentos es siempre fundamental y con ello también es necesario utilizar tecnología que permita operativizar estos instrumentos.

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