La Paz/Las Cosas Claras.- La Paz vive en constante riesgo. Desde su fundación ha sido golpeada por desastres de diferentes orígenes que resultaron en deslizamientos de cientos de hogares. Por ello es necesario aplicar un nuevo modelo de prevención de riesgos y fiscalización a través de Ley Municipal Autónoma de Fiscalización Territorial 233 – 240, que entró en vigencia en octubre de 2018. Esta norma busca regular las construcciones bajo un paraguas de prevención.
Su objetivo es claro: prevenir posibles avasallamientos, asentamientos ilegales y en zonas de riesgo, proteger la propiedad municipal, realizar procedimientos ágiles con trámites abreviados y sancionar drásticamente a quienes la infrinjan.
En ese marco, el asesor Legal de la Autoridad de Fiscalización Territorial (AFT), Juan Carlos Velarde, explica que Ley 233 – 240 forma parte de un nuevo modelo de fiscalización que se distingue de la anterior ordenanza (076/2004), la cual “está totalmente desfasada de la realidad actual de construcción y economía nacional”. Esta Ley busca la persuasión y la disuasión. “Queremos prevenir el incumplimiento de la norma antes que realizar sanciones”.
Por eso la Ley 233 – 240 tiene como meta que el vecino pueda explotar su terreno en condiciones racionales y no tener que llegar a una multa pecuniaria ni de demolición. Es así que la reglamentación de la Ley establece con precisión los montos de las multas por pagar a partir del tipo de infracción que se cometa.
Sanciones
Con el fin de buscar el mejoramiento, el cumplimiento de las normas y reducir los factores de riesgo, la Ley 233 – 240 establece multas más duras que la ordenanza anterior. Para ello se estableció tres tipos de sanciones: multa económica, la demolición del predio y la conversión de sanciones.
“Los montos de las multas han subido con el objetivo de que sea un elemento disuasivo para que aquel constructor que quiera construir ilegalmente la piense dos veces, porque sabe que le va a caer unas multas elevadas”, indica Velarde. El primer tipo de sanción es la pecuniaria, que va acorde al tipo de infracción, esta se incrementa por día de retraso en el pago de la sanción. La segunda es por demolición, si no se cumple también se incrementará la sanción y la tercera es por conversión que va de la sanción por demolición a una sanción pecuniaria.
De acuerdo a Velarde, “la demolición no es la regla, es la excepción” y está confinada a los propietarios que invadan propiedad municipal, por ejemplo a aquellos que construyen en área verdes.
“Pagan esta multa aquellos que ‘hechos a los vivos’ salen un metro de la línea municipal y terminan apropiándose de la acera, que pertenece a todos por ser espacio público”. Personal edil realiza un levantamiento predial para determinar las dimensiones de la vivienda. En caso de que la propiedad invadida sea privada se aplica la conversión.
Es decir que se transforma la figura de demolición a una sanción pecuniaria. “El infractor solicita a la autoridad que convierta su sanción a una multa y se quede sin efecto la sanción de demolición”, añade Velarde. Otra de las sanciones que corrige las construcciones ilegales es el no dar curso a la aprobación de planos AsBuilt (plano exactamente igual a cómo se ha construido) hasta el cumplimiento de la sanción administrativa. Tampoco autoriza ninguna actividad económica o trámite administrativo en el predio infractor, entre otras medidas.
La Autoridad de Fiscalización Predial de la Municipalidad, Susana Barrero, explicó que el valor de la multa varía de acuerdo con la zona donde esté la vivienda, tipo de inmueble y si la agresión es en metros cuadrados. También depende del uso de suelos y el riesgo a terceros. La Ley, junto a su reglamento, no tiene carácter retroactivo, solo rige a partir de su vigencia (octubre de 2018). Por eso es que la Comuna busca promover en los vecinos una actitud de corrección voluntaria a sus fallas, omisiones o errores.
Capacitaciones y socialización
En el espíritu de fortalecer la prevención de riesgos, la Alcaldía busca que los ciudadanos comprendan que las edificaciones ilegales, fuera de norma o en áreas de muy alto riesgo, pueden generar riesgos como deslizamientos y derrumbes de viviendas. Para ello comenzó capacitando a sus propios funcionarios en torno al contenido de la Ley para que ellos puedan socializar al resto de la población. “Previo a la socialización a los vecinos se realiza una capacitación de tres sesiones a los funcionarios ediles encargados de este tema”, indica Barrero.
Como una primera fase de está capacitación se enseña sobre los tipos de infracciones y sanciones que están inscritos en la Ley. Como una segunda etapa se realiza una sesión que explica el procedimiento del cumplimiento del Reglamento General de la Ley. Y, finalmente, se toca las temáticas de procesos técnicos abreviados y de propiedad municipal. Las campañas de socialización que prevé la ley, son clave para que propietarios, obreros y profesionales del área, tomen precauciones al momento de realizar construcciones.
Y no sólo eso, el control se reforzará con los Fiscales Municipales que realizarán el acompañamiento a los permisos de construcción, para que los propietarios construyan conforme a sus planos autorizados y no incumplan la normativa técnica legal vigente. En este mismo marco, las subalcaldías deberán realizan campañas de prevención con el propósito de informar a los vecinos que cuando realicen construcciones lo hagan apegados a la norma y no sufran sanciones. El fin mayor es evitar el colapso de sus viviendas y que se ponga en riesgo la estabilidad de los vecinos.
