La Paz/Cosas Claras.- La urbe paceña atravesó importantes momentos históricos que consolidaron lo que hoy es su modelo de planificación urbana. ¿Cómo se asentaron los pobladores en esta geografía? Por supuesto que no fue organizado; al contrario, la necesidad de contar con un lugar de residencia hizo que los habitantes se ubicaran en diferentes espacios, bajo el completo desconocimiento del riesgo que a lo largo de los años representaría.
Desde el sitio fundacional de Laja, al Valle de Chuquiago, en 1549, la estructura urbana de La Paz se articuló en base a la cuadrícula definida por las ordenanzas reales de la Corona.
La cuadrícula de la “Ciudad Española” se originó a partir de la manzana vacía de la “Plaza Mayor”. El trazado urbano, asumió como lindero natural, el Río Choqueyapu y dividió la ciudad en dos, al Sur la “Ciudad Española” y al Norte los asentamientos indígenas emplazados en torno a las parroquias de Churubamba (San Sebastián), San Francisco, San Pedro y Santa Bárbara, según la información proporcionada por el Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo, Marcelo Arroyo.
Después de la Guerra del Pacífico, en 1899 se otorgó a La Paz el título de Sede de Gobierno, y con la implementación de los ferrocarriles La Paz- Guaqui y La Paz – Arica, se impulsó de manera significativa el desarrollo de La Paz y su transformación urbana identificando una primera migración, campo, ciudad.
La Revolución Nacional de 1952 profundizó el enfoque social con la Reforma de Propiedad Urbana. Durante la época de las dictaduras (1964-1982) fueron encarados planes de vivienda que beneficiaron a diversos gremios (mineros, maestros, constructores, petroleros), restringiendo el acceso a sectores de economía no formal y bajos ingresos, y además, acentuando el déficit habitacional. Los procesos urbanos en este periodo ampliaron la trama de la ciudad.
Arroyo comenta que el cese del fomento estatal a las actividades productivas y extractivas entre 1982 y 2006 incrementó el número de desempleados y se intensificó la migración hacia la ciudad con el respectivo surgimiento de asentamientos clandestinos en las laderas de alta pendiente, zonas de riesgo y áreas forestales.
El municipio tiene como antecedente de ordenamiento territorial el Plan Regulador (1956), el Plan de Desarrollo Urbano La Paz (1976), el Plan de Desarrollo Municipal La Paz Avanza 2000-2005 que consideró un Plan de Ordenamiento Urbano, que tuvo como objetivo el controlar el crecimiento y desarrollo de la ciudad de La Paz, con la elaboración de Planes Maestros para las laderas y el centro.
Para el censo de 1976, La Paz registraba una población de 685.283 habitantes, con una ocupación consolidada de 23,57 km2. Para 2018, el municipio registra un total de 942.987 habitantes, con una mancha urbana administrada al 2016 de 91,04 km2.
Para 2019 la gestión municipal destinó Bs 140 millones para obras de prevención de riesgos. Esta política fue motivada por el nivel de vulnerabilidad que progresivamente surgió en la urbe.
Al menos tres eventos marcaron el quiebre para promover la inversión en prevención de riesgos. Febrero de 2002, una riada fue ocasionada por un fuerte granizo en el centro de la ciudad. En 2008 una fuerte riada con ondas pulsantes se produjo en la cuenca del río Achumani zona sur, y en 2011 ocurrió el deslizamiento en Pampahasi Callapa, según explica el secretario Municipal de Gestión Integral de Riesgos, José Pacheco.
En 2011 se diseñó el Mapa de Riesgos como una herramienta principal para identificar las zonas de alto y muy alto riesgo. La SMGIR registra al menos 21.361 personas que viven en zonas de muy alto riesgo.
Pacheco explica que los problemas recurrentes en zonas de riesgos son: los deslizamientos, asentamientos diferenciales en viviendas y suelo, filtraciones de agua producto de fugas de sistemas de agua potable y alcantarillado en mal estado o de aguas subterráneas. Además de desbordes de ríos, sifonamientos en embovedados y canalizaciones; arrastre de material y mazamorras, derrumbes de taludes, grietas y fisuras en muros de viviendas, aceras y vías.
Los asentamientos ilegales o la presencia de loteadores es un factor importante para la proliferación de construcciones clandestinas y, por ende, que suba el nivel de vulnerabilidad.
Las personas que viven en zonas de riesgo alto y muy alto realizan acciones que son consideradas como inapropiadas como: construcciones clandestinas de sistema de alcantarillado, de agua potable y movimientos de tierras, asentamientos de viviendas en áreas de muy alta pendiente sobre taludes, cortes de taludes para sus edificaciones, construcción de edificaciones de mucha altura y gran peso, más de 2 plantas; además de pobre asesoramiento técnico para la construcción de sus viviendas por falta de recursos.
El municipio cuenta con la Ley de Uso de Suelos Urbanos que regula el uso de suelos, clases y destinos, así como la forma de la construcción de las edificaciones, además que se tiene las planimetrías que son instrumentos que sirven para la administración territorial del ámbito urbano, explica Arroyo.
Ante este panorama es que surgen dificultades para la tarea fiscalizadora del territorio, Pacheco explica que, sobre todo, prima los asentamientos informales sin documentación, la falta de sistemas de alcantarillado que generan infiltración y problemas al suelo de malas características, por los movimientos de tierra indiscriminados que se realizan en zonas de riesgo para urbanizar y construir con permisos de otras jurisdicciones, por la falta en la definición de límites claros con otros municipio vecinos, como Palca o Mecapaca.
La incertidumbre de límites con municipios vecinos incide en el problema territorial, Pacheco asegura que provoca problemas de riesgo debido a los movimientos de tierra y cortes en taludes que se realizan en zonas de muy alto riesgo para generar nuevas urbanizaciones con autorizaciones de otros gobiernos municipales.
Además que la Ley de Delimitación Territorial alienta la conciliación que puede demorar mucho tiempo, al contrario de no disponer de medidas definitivas para la definición limítrofe.
El Alcalde Luis Revilla afirmó en pasados días que el problema de fiscalización tiene que ver también por la falta de acompañamiento de la fuerza pública, describió un ejemplo de funcionarios municipales que van a notificar a propietarios con construcciones ilegales y en vez de lograr su cometido, son amedrentados y hasta sufren de procesos penales.
Con todo, es que ahora se promueve concientización ciudadana a través de la difusión del Mapa de Riesgos para que la gente interactúe e informe sobre la situación donde vive.
