El presidente del Organismo de Participación y Control Social, Hiram Leví Alacama, hace uso de la palabra en el acto. Foto: AMUN,

AMUN/6-02-23
Con la iza de la Bandera Nacional, la Bandera de La Paz y la Whipala, en el atrio del Palacio Consistorial, autoridades del Organismo de Participación y Control Social (OPCS), del Legislativo y Ejecutivo Municipal conmemoraron este lunes los 10 años de vigencia del Decreto Ley 341 de Participación y Control Social, creada para fiscalizar no solo a los municipios, sino a las entidades estatales.

En el acto de conmemoración, a nombre del Ejecutivo Municipal, el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos resaltó que el OPCS es una entidad civil “fundamental”, dado que su existencia coadyuva a la “solución de problemas” en el ámbito de la administración pública.

“Estos 10 años son un avance muy importante en la participación de la población, de la sociedad. Lo fundamental es la participación de toda la población para lograr objetivos que todos tenemos, reciban nuestro reconocimiento, que en el Gobierno Municipal se haya logrado institucionalizar la participación de la sociedad es fundamental”, sostuvo el director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos.

El acto protocolar contó con la participación de la concejala Lourdes Chambilla, quien izó la Bandera Nacional, el director de Gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, la de La Paz, y el presidente del OPCS, Hiram Leví Alacama, la Whipala, mientras la banda municipal Eduardo Caba entonaba el Himno Nacional.

En la oportunidad, Alacama recordó que el Decreto Supremo, que ha establecido hace 10 años la Ley No 341, fue concebido en base a un derecho constitucional, señalado en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, que faculta a la sociedad civil para que organice en el control social, “no solamente en el municipio y a las autoridades municipales, sino que establece a todos los niveles del Estados y en todas las instituciones públicas que tienen recursos fiscales”.

“Estamos en esta década de ser el instrumento social, de coordinación, fiscalización y control como establece la Ley 341 a la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas, a todas las instituciones que tienen recursos del Estado. El control social no es un enemigo de los órganos Legislativo y Ejecutivo, al contrario, se establece por un enlace de coordinación y de atender las demandas de toda la ciudadanía”, dijo Alacama en su discurso.
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