La Paz/AMN.- Dos vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia no se pusieron de acuerdo este viernes en los argumentos esgrimidos por las partes dentro de la apelación a la detención domiciliaria impuesta al Alcalde Luis Revilla por el caso Alpacoma I. La Resolución de la audiencia efectuada este viernes será emitida en los siguientes días.

Por el lapso de casi tres horas se desarrolló la audiencia para atender la apelación presentada por la Alcaldía para revocar la medida cautelar emitida el 22 de agosto por el Juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Rolando Chaca, en contra del Alcalde por delitos de incumplimiento de deberes y contra la salud pública a raíz del deslizamiento del relleno de Alpacoma.

A la conclusión de la misma, la vocal presidenta Margot Pérez, junto al vocal Henry Sánchez, refirió que hubo disidencia de ambas autoridades jurisdiccionales en torno a los argumentos esgrimidos por las partes. Será un tercer vocal el que dirima el caso para emitir la resolución respectiva.

“Vamos a esperar la decisión de los vocales, hemos apelado, hemos expresado cuáles son las razones de esta injusta determinación de la detención domiciliaria y, por lo tanto, esperamos la decisión en el curso seguramente en las siguientes horas o de acuerdo a los tiempos que tiene la sala”, expresó el Alcalde Luis Revilla al término de la audiencia.

Los juristas de la Municipalidad argumentaron que no existen riesgos procesales como para establecer la detención domiciliaria de la autoridad edil.

Revilla argumenta

En referencia a los presuntos daños que se hubieren producido al medioambiente y a la salud de la población con el evento del 15 de enero, Revilla develó en audiencia que en un informe efectuado por la Alcaldía de Achocalla se da a conocer que no hubo repercusiones de daños.

“La mayoría de las personas sólo se quejó de olores fétidos, presencia de náuseas y dolor abdominal el día anterior, sin ninguna repercusión a la fecha”, dijo Revilla, dando lectura al informe de la Comuna de Achocalla.

En referencia al presunto caso de una persona que se habría internado en Hospital Cotahuma por “intoxicación”, el Alcalde cuestionó que ese paciente entró “a las 14.00 y se ha ido a las 15.00 (horas), intoxicado de gases tóxico. Resulta que había estado una hora en el hospital, no parece razonable”, cuestionó.

Además, no se puede establecer con probabilidad la autoridad del Alcalde Revilla en la comisión de los delitos atribuidos de incumplimiento de deberes y daños a la salud pública, tomando en cuenta que una auditoría ambiental elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua está en curso, misma que establecerá las causas del deslizamiento ocurrido el 15 de enero.

“Como parte de la auditoria, que es un estudio científico, tiene que establecerse si la quebrada Alpacoma es un río o una quebrada, es decir, sin que tengamos los resultados de la auditoría, que las hace el ministerio y no el GAMLP, sin que sepamos las causas específicas, sin que sepamos si es río o quebrada, el Ministerio Público ya ha establecido que es río y quiénes son los responsables”, cuestionó.

Además, aclaró que es el Ministerio de Medio Ambiente y Agua dispuso la realización de la auditoría. Sin embargo, contradictoriamente la Fiscalía acusa erróneamente a la Alcaldía de no exigirle a Tersa S.A. de realizar dicho estudio.

Finalmente, fue la propia autoridad edil en la audiencia que refutó la versión del Ministerio Público de que el relleno sanitario de Alpacoma no tenía licencia ambiental al momento de la emergencia.

“Ayer o anteayer, la propia Viceministra de Medio Ambiente (Cynthia Silva), en una declaración que ha hecho en otro proceso que se ha abierto con motivo del evento del 31 de julio (…) dice que las licencias ambientales tienen vigencia de 10 años, y si se nos ha otorgado el 27 de octubre de 2010 (la licencia para Alpacoma), queda claro que su fecha de caducidad es el año 2020”, explicó Revilla.

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