La Paz/AMN.- Construcciones fuera de norma, edificaciones situadas en áreas municipales o intentos de avasallamientos de tierras son algunos de los 138 casos que la Subalcaldía Sur intervino desde el 2018 en el marco de la Ley Municipal 233 de Fiscalización Técnica Territorial. El objetivo de esta norma es prevenir a través de la educación.
El director de Fiscalización Territorial y Defensa de Propiedad Municipal de la Subalcaldía Sur, Alex Bolívar, explicó que una vez identificada la construcción que está dentro de un área municipal o forestal se procede a notificar a los apoderados. Según la autoridad, la aplicación de la Ley 233 permite realizar “actuados de prevención” que brindan a la población la posibilidad de ajustarse a “las normativas urbanas y de construcción”.
“(Así) les damos la posibilidad de que ellos presenten documentos que sustenten su actuado con un derecho propietario o con la respectiva autorización municipal”, agregó la autoridad edil. Semanas atrás, el secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo, Marcelo Arroyo, dijo que el objetivo de la Ley 233 es el de “generar conciencia sobre la corresponsabilidad que se tiene entre los vecinos, la ciudad y el municipio” y dejar de incidir en “el carácter punitivo”.
“La construcción de las ciudades es colectiva, por lo que más allá de sancionar a propietarios de inmuebles que incumplen la normativa urbanística, la norma pretende educar, persuadir y fomentar a los vecinos a que cumplan la ley”, manifestó Arroyo.
Así lo establece el Capítulo II, artículo 6, inciso C que indica que todas las personas mencionadas en el ámbito de la aplicación y el alcance de la presente Ley 233 pueden: “Acceder a una fiscalización transparente y oportuna, cuando se vulnere o incumpla las disposiciones de la normativa técnica legal referentes a la Planificación, el Ordenamiento y la Administración Territorial”.
Consultado por el reciente caso en Los Almendros el fin de semana que fue denunciado por los vecinos, en el que un grupo de personas levantó un cerco en un área verde, Bolívar dijo que no está dentro de los 138 casos registrados de fiscalización territorial.
“En el caso de Los Almendros, hasta antes que estas personas realizaran el cerrado de esta área verde, este lugar era un área libre y de dominio público. Entonces lo que se ha hecho es primero la notificación a las personas responsables para que presenten los documentos. Ese plazo ha vencido ayer (lunes) y ahora lo que procede, de acuerdo a la norma, es hacer un informe para iniciar el proceso administrativo de fiscalización”, expresó el funcionario edil.
El 13 de octubre, el Subalcalde de la zona Sur, Oscar Sogliano, se movilizó hasta Los Almendros con personal edil y la Policía y constató que dichas personas no tenían permiso municipal para levantar el cerco y tampoco mostraron documentos que avalen su derecho propietario.
La Ley 233 permite adecuarse a la norma
“Entre las que podemos citar están la posibilidad de compromisos de adecuación, procesos administrativos abreviados y otros que tienen por objetivo disminuir la irregularidad en las construcciones y uso del suelo urbano”, explicó Bolívar.
En caso de que exista una controversia de dos propietarios sobre un terreno, lo que corresponde es que ambas personas, “que han sido notificadas”, acudan ante la Justicia y hagan un juicio de mejor derecho propietario.
