AMUN/21-10-22
A horas del inicio del paro cívico indefinido en Santa Cruz en demanda del censo en 2023, desde la Alcaldía de La Paz hay el convencimiento de que el Gobierno no quiere dialogar sobre la consulta ni modificar el Decreto Supremo No 4760, que establece que la consulta se realizará en 2024, para no revisar el padrón electoral de 2012 de cara a las elecciones de 2025.
En contacto con Panamericana, el secretario Ejecutivo de la comuna paceña, José Carlos Campero, explicó que el censo es un “tema fundamental” que debe ser encarado a la brevedad posible porque se trata de recursos que recibirán las regiones para su desarrollo, además que la asignación de diputados por municipio también debe modificarse en función a la proporcionalidad de población y no quedarse en un número fijo como actualmente está.
“No nos mintamos, el Gobierno tiene una agenda porque no quiere modificar el padrón electoral, un objeto que lo ha usado para su beneficio y no quiere cambiarlo, no quiere actualizar ni transparentar el padrón electoral y ese es el motivo político fundamental que tiene el Gobierno para no llevar el censo como se le ha demostrado técnicamente desde el municipio de La Paz, con la posibilidad de ser realizado en octubre 2023. Esto es lo primero que debe quedar claro”, dijo Campero.
La autoridad edil resaltó que el referido decreto gubernamental es “explícito” en cuanto a la fecha de realización del censo y no da la posibilidad de adelantarlo, ya que establece como fecha probable entre mayo y junio de 2024. Incluso establece que si el Instituto Nacional de Estadística (INE) podría modificar esa fecha en función al proceso, pero siempre dentro del periodo de ese año, no antes.
“Es un tema eminentemente técnico pero con resultados políticos porque va a definir número de diputados por cada región, va a definir recursos económicos para las regiones y políticamente va a definir un nuevo padrón electoral. No podemos estar con niñerías, inconsistencias y desconocimiento, arguyendo que el Gobierno no ha planteado que el censo vaya a realizarse el 2024, el decreto (4760) es absolutamente explícito en las fechas que se manejan. Si la decisión es que se va a tomar el 2024 según el decreto, ¿cómo es posible que se pueda realizar algún momento del 2023? No hay forma posible”, cuestionó Campero.
La autoridad municipal enfatizó que, al ser el censo un tema sensible, urge al Gobierno asumir una medida de diálogo para evitar confrontación, dado que de los resultados de este proceso muchas regiones harán conocer su voz de protesta si es que se ven perjudicados con un censo poco transparente.
Campero reiteró la postura del alcalde Iván Arias en sentido de modificar la Constitución Política del Estado para que el número de diputados no sea fijo, sino que se modifique cada 10 años en función a los resultados del censo, pues habrán regiones que perderán curules y otras que ganarán.
“¿Cómo vamos a hacer cuando tengamos que definir los escaños (asignación de parlamentarios), porque van a ver ganadores y también perdedores, quiénes no se van a quedar con los brazos cruzados. Hemos planteado abiertamente la necesidad de hacer una nulidad constitucional al artículo que define los 130 miembros de la Cámara de Diputados. Este es un número que no debería ser cerrado, sino abierto a ser modificado cada 10 años cuando se realiza el censo, tenemos que tener propuestas de cómo vamos a trabajar con los municipios que van a perder recursos para generar niveles de equidad”, dijo Campero.
El secretario Ejecutivo consideró que el tema del padrón electoral “nos tiene sin sueño” a los bolivianos dado que debe ser actualizado “de forma tal de garantizar que las próximas elecciones del año 2025 sean elecciones transparentes” y con información de población actualizada.
El alcalde Arias dijo que el país necesita llegar a un “acuerdo nacional” con los temas poscensales, como son las nuevas asignaciones de coparticipación tributaria, parlamentaria y del nuevo padrón electoral para las elecciones de 2025.
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