Juez determina arraigo y fianza para funcionarios municipales por no emitir un certificado catastral que no corresponde

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El director Jurídico de la Alcaldía de La Paz, José Gonzales. Foto: AMUN.
El director Jurídico de la Alcaldía de La Paz, José Gonzales. Foto: AMUN.

AMUN/29-09-22

Un juez ordenó este jueves fianza, arraigo y firma de libro en la Fiscalía de La Paz para cuatro funcionarios municipales de La Paz, entre ellos la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, por no emitir un registro catastral que no corresponde y rechazado por la comuna paceña desde 2012.

“Se ha establecido que se les va a dar una fianza de 4.000 bolivianos, tienen que presentarse en la Fiscalía para firmar, tienen que gestionar su arraigo y no tener contacto con los otros coimputados, relacionados con la Unidad de Catastro”, informó el director Jurídico de la Alcaldía de La Paz, José Gonzales.

Explicó que la decisión del juez es resultado de la defensa de los funcionarios ediles, pues de lo contrario habrían recibido detención preventiva injusta. “Hemos apelado puesto que este es un proceso inventado que está criminalizando un trámite administrativo, simplemente para obtener caprichosamente un objetivo que no se puede dar porque hay un impedimento normativo para tal”.

Gonzales afirmó que los cuatro funcionarios fueron denunciados por la empresa DISDEMA e imputados por la Fiscalía. Precisó que no corresponde el registro catastral porque hay sobreposición de predios. Dijo que los denunciados son trabajadores de la Secretaría Municipal de Planificación, entre ellos la secretaria Rocabado.

“Quieren amedrentar a los funcionarios municipales para conseguir su objetivo de manera ilegal”, afirmó al señalar que el caso corresponde a un tema administrativo, que los propietarios tienen que cumplir la norma para obtener un registro catastral, y “no obligar a la Alcaldía de La Paz para que les emitan este registro”.

Gonzales afirmó que los denunciantes y la Fiscalía pretendían aplicar detención preventiva para los funcionarios municipales. “Son cuatro personas que han sido denunciadas y han sido imputadas dentro de una investigación por un supuesto delito de incumplimiento de deberes. La fiscal ha solicitado al igual que el denunciante que se les aplique la medida cautelar extrema de detención preventiva y, sin embargo, la defensa evitó ese extremo”, añadió.

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