A pesar de los operativos realizados por la guardia municipal, los comerciantes regresan a ocupar el espacio público, generando un caos que pone en riesgo la seguridad de los transeúntes y la eficacia de los servicios de emergencia.
AMUN / 20-03-25
En la puerta del Hospital La Paz, un intenso debate se lleva a cabo entre vecinos preocupados y autoridades locales. El programa radial “El Negro en la Calle” conducido por el alcalde Iván Arias llegó hasta este lugar para escuchar la demanda de los vecinos.
Desde hace meses, la calle se convirtió en un espacio comercial donde los vendedores ambulantes tomaron el control, obstaculizando el acceso a un hospital que, por su alta demanda, requiere de un flujo libre y seguro, especialmente para las ambulancias que transportan a pacientes críticos.
«Nos sentimos invadidos», expresa una vecina en tono de frustración. «No tenemos un acceso libre para que las ambulancias puedan venir y tener el espacio suficiente». Las voces de los habitantes de la zona 14 de Septiembre, más conocida Garita de Lima, se alzan en un clamor por el orden y la seguridad.
El ambiente es tenso. A pesar de los operativos realizados por la guardia municipal, los comerciantes regresan a ocupar el espacio público, generando un caos que pone en riesgo la seguridad de los transeúntes y la eficacia de los servicios de emergencia. «Nosotros hemos hecho el movimiento de retiro, pero más tarde vuelven nuevamente», lamenta el director de Mercados, Sergio Saavedra.
Las quejas son múltiples y variadas. Desde la falta de espacio para los vehículos que necesitan acceder al hospital hasta la amenaza constante que sienten los vecinos ante la agresividad de algunos vendedores. «Hemos recibido agresiones por parte del sector», confiesa Saavedra, quien asegura que ha sido víctima de ataques al tratar de hacer cumplir la normativa.
Los testimonios de los vecinos resaltan un tema recurrente: el miedo. «Nos amenazan, nos agreden», dice una residente que fue testigo de la situación. «Estamos en juicio, señor alcalde, juicios penales que si uno no sabe o se descuida, nos meten a la cárcel», dice otro vecino. La sensación de desamparo es palpable, y muchos temen represalias por hablar.
Mientras tanto, el alcalde intenta encontrar soluciones. «Hay que hablar con los gremiales y tiene que respetarse la ordenanza», propone el Alcalde. Sin embargo, la desconfianza entre los vecinos y los vendedores es evidente. Algunos comerciantes aceptan la necesidad de un orden, pero muchos otros defienden su derecho a vender en la calle, argumentando que dependen de ello para subsistir.
La situación se complica aún más con el tema de los permisos. «Hay patentes que no se están cumpliendo», indican los vecinos, quienes exigen que se respete el metro que les corresponde para poder transitar y acceder a sus hogares. «Esto se ha convertido en un mercado total», sostiene una vecina, visiblemente angustiada por la falta de control.
El alcalde, consciente de la gravedad de la situación, promete que se realizarán más operativos y se coordinará con la policía para garantizar la seguridad de todos, además plantea sostener una reunión con los dirigentes de los gremiales del sector. «Vamos a negociar, ponernos de acuerdo y hacer cumplir ese acuerdo», afirma, aunque muchos en la comunidad permanecen escépticos.
Cómo equilibrar las necesidades de los comerciantes y el derecho de los vecinos a vivir en un entorno seguro y accesible. La calle que una vez fue un simple acceso al hospital ahora se ha convertido en un campo de batalla donde la lucha por el espacio y el orden sigue en pie. Mientras tanto, los residentes esperan que su clamor por una solución efectiva y duradera no caiga en el olvido.
///
