AMUN/14-11-22
El alcalde Iván Arias manifestó este lunes que independientemente que se apruebe o no una ley, para que los resultados del censo permitan establecer la asignación de escaños para diputaciones en función al incremento poblacional y que se actualice el padrón electoral antes de las elecciones de 2025, no es un óbice para que se ejecute el censo, cuya realización está garantizada con el Decreto Supremo No 4824.
“Quiero dejar bien claro y eso no lo he dicho, no está bien expresado en las conclusiones (de la Asamblea de la Paceñidad), que se apruebe o no la ley no es condición para que se ejecute el censo, es decir, si no se aprueba la ley, sigue adelante el censo con el decreto. Si se aprueba la ley, mejor, pero cuidado, no es uno u otro, sino que es un proceso en paralelo”, dijo Arias a los periodistas.
En concomitancia con las resoluciones del cabildo de Santa Cruz, la Asamblea de la Paceñidad estableció la noche de este lunes que el referido decreto promulgado por el presidente Luis Arce sea elevado a rango de ley.
“El Cabildo de Santa Cruz ha pedido ayer (domingo) que el decreto aprobado por el Presidente se eleve a rango de ley y nosotros estamos apoyando ese pedido, solamente que estamos enriqueciéndolo más con algunos elementos que creemos nosotros no sólo tienen que ver con la fecha del censo y la distribución de recursos, sino por ejemplo, con contar con un INE independiente y además que esto sea establecido por norma que el censo se debe hacer cada diez años en un periodo de tiempo determinado”, explicó el alcalde.
La Asamblea de la Paceñidad resolvió la noche de este lunes crear el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), independiente del Ejecutivo, fijar la realización automática del censo cada 10 años, exigir que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) actualice el Padrón Electoral para que se aplique en las Elecciones Generales de 2025, y repudiar “la violencia policial y de grupos paramilitares”, además de la libertad de “presos políticos”.
Una de las resolución resuelve convocar a la Brigada Parlamentaria de La Paz para conformar un comité impulsor para promover la promulgación de una ley nacional que establezca: determinar la periodicidad obligatoria de la realización del censo cada 10 años, en el tercer trimestre del mismo año.
También propone exigir que el TSE, a partir de los resultados parciales del censo, ejecute la actualización imparcial del Padrón Electoral y que se aplique obligatoriamente en las Elecciones Generales del 2025.
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