Las normas permitieron la destrucción de bosques, áreas verdes, reservas naturales, parques nacionales y monumentos naturales
AMUN/12-09-24
Ocho leyes nacionales y dos decretos supremos promulgados desde 2013 deben abrogarse puesto que han servido para expandir la frontera agrícola sin tomar en cuenta las consecuencias en la flora y fauna del país producto de los incendios forestales. Las normas son consideradas por las autoridades municipales como “ecocidas”.
“Desde el año 2013, en la gestión del entonces presidente Evo Morales, se han implementado una serie de leyes ecocidas. Lo que hacen es, sin ningún criterio técnico, legal y mucho menos ambiental, expandir la frontera agrícola sin tomar en cuenta lo que esto conlleva para nuestra flora y fauna”, afirmó el secretario municipal de Gestión Ambiental, Juan Pablo Saavedra.
Por su parte, la directora de Asuntos Jurídicos, Amparo Morales, agregó que con la abrogación, de las referidas leyes quedarán sin efecto y se podrá recuperar la flora y fauna en el territorio boliviano.
“Desde el 2013 hasta la fecha, gracias a este paquete de leyes se ha permitido que la gente, de manera indiscriminada, destruya todos los bosques, áreas verdes, reservas naturales, parques nacionales, monumentos naturales y todo lo que tenemos especialmente en el oriente de nuestro país”, remarcó Morales.
Leyes para abrogar
Saavedra afirmó que las leyes que deben abrogarse son: la Ley 337 del 2013 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques; la Ley 502 del 2014, de Ampliación del Plazo y Modificación a la Ley 337; la Ley 739, de 29 de enero del 2015, que modifica la 337 y la 502, llamada también de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, además de la Ley 740, de Ampliación del Plazo de Verificación de la Función Económica Social.
También se propone abrogar la Ley 741 de Autorización de Desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias; la Ley 952 de Ampliación del Plazo para el Registro al Programa de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques; la Ley 1098, que establece el marco normativo que permite la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de aditivos de origen vegetal, y la octava es la Ley en la Ley 1171 de 2019 de Uso y Manejo Racional de Quema.
Además, deberían abrogarse los decretos supremos 3874, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad a establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya y 3973, que modifica el Decreto Supremo 2675, autorizando el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni.
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