El hecho ocurrió en marzo de este año y provocó los conocidos daños a la vía que se encuentra entre las calles 43 y 25 de este barrio.
AMUN/2-12-24
En marzo de este año, a raíz del movimiento de tierras que hizo la empresa Boliviana de Bienes Raíces BBR, el río Achumani se desbordó porque todo ese material fue echado al afluente y el caudal de las aguas creció hasta llegar a la vía situada entre las calles 43 y 25. Tanto el canal como la avenida sufrieron daños por este hecho.
Tras lo ocurrido en el lugar, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Subalcaldía Hampaturi, realizó procesos administrativos de fiscalización en contra de esta empresa dado que los movimientos de tierra que hizo en las zonas Kellumani y Chijipata del municipio de La Paz no tenían autorización edil.
“El movimiento de tierras que hizo la empresa BBR fue descargado en el lecho del río y ese material fue arrastrado en las lluvias de marzo del 2024 hacia Achumani e hizo que la canalización del río sea vencida, sea sobrepasada en una de sus paredes y que genere todo el daño que se ha causado desde la calle 43 hasta la 25 de Achumani”, rememoró el oficial Asesor de la comuna, Oscar Navarro.
Después de iniciar el proceso administrativo impulsado por la Subalcaldía de Hampaturi, la referida empresa presentó un Amparo Constitucional que en fecha 7 de agosto fue tutelado por los vocales Israel Ramiro Campero Méndez y Alexis Ángel Angles Mercado, con el argumento que existen conflictos de límites municipales entre los municipios de La Paz y Palca.
“Esta es la manera en la que el Gobierno Municipal procede en el marco de las leyes municipales que establecen que debemos fiscalizar los movimientos de tierras no autorizados. Se han hecho las notificaciones y la empresa, en lugar de retirar el material, ha presentado un amparo constitucional que ha sido tutelado por los vocales de la Sala de Justicia y han dicho que no tenemos la facultad de fiscalizar porque supuestamente existiría un problema de límites”, explicó Navarro.
La autoridad edil detalló que en este caso no existen problemas de límites, dado que Kellumani y Chijipata están dentro de la jurisdicción de La Paz. Los municipios vecinos, aseguró Navarro, buscan modificar las leyes en base a las costumbres de pastoreo o cultivo que tienen, sin considerar que existen leyes que determinan los límites territoriales.
“Por tanto, las leyes deberían respetarse, en tanto no sean modificadas”, explicó la autoridad, a tiempo de señalar que la Alcaldía no puede “hacer ninguna acción mientras esta resolución constitucional sea remitida a Sucre, sea analizada en el Tribunal Constitucional Plurinacional y sea que la ratifiquen o que la nieguen, mientras tanto el Gobierno Municipal está impedido de hacer alguna acción de fiscalización”.
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