“El fallo no implica nuevas acciones, ya fue cumplido”, aseguró la directora de Asuntos Jurídicos
AMUN/16-12-2024
La directora de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía de La Paz, Amparo Morales, aclaró este lunes que la resolución del Tribunal Constitucional sobre la destitución de funcionarios censurados por el Concejo Municipal no es una nueva medida, sino la ratificación de un fallo emitido en febrero de este año. Morales enfatizó que este proceso ya fue cumplido y explicó los alcances legales de la decisión.
“Hay que aclarar que no es una nueva resolución. Esta resolución fue emitida en octubre, ratificando la acción de cumplimiento de febrero”, señaló la directora.
Explicó que la censura impulsada por el Concejo Municipal de La Paz obedecía a una ley que no tiene vigencia para el Ejecutivo. Según la normativa, la máxima autoridad ejecutiva, en este caso el Alcalde Iván Arias, tiene la potestad exclusiva de designar y remover a funcionarios de libre nombramiento.
En cumplimiento del fallo, los funcionarios censurados fueron alejados de sus cargos mediante una resolución ejecutiva. Sin embargo, Morales indicó que el término “destitución” está mal empleado, ya que “no son funcionarios de carrera”. Posteriormente, el alcalde los reincorporó, ejerciendo su autoridad legal.
“Extrañamente, después de dos meses que salió esta resolución, recién se está hablando de la ratificación. Este fallo no especifica qué funcionarios deben ser alejados”, afirmó. Además, Morales señaló que algunos de los funcionarios censurados ya no trabajan en la gestión municipal.
Respecto a la posibilidad de que el alcalde enfrente un proceso penal por incumplimiento, Morales dijo: “No, ninguna. Existe una sentencia constitucional que establece que personas alejadas por censura pueden volver a ocupar el cargo, pues es una decisión de la máxima autoridad ejecutiva”.
El caso recuerda situaciones similares a nivel nacional, como la reincorporación inmediata de funcionarios censurados por otras instancias legislativas. La directora concluyó que el derecho al trabajo y la autonomía del Ejecutivo han sido respaldados por la normativa constitucional.
