Multan a 3.000 vehículos del transporte público por incumplir las normas y tarifas.
AMUN/31-03-2025
En un esfuerzo por mejorar el servicio de transporte público en el municipio paceño y eliminar el trameaje, hace más de una semana comenzó la instalación de dispositivos GPS en los vehículos del sector. El proceso continuará por un par de meses más. Ya hay más de 1.500 minibuses y trufis con el dispositivo.
La implementación del sistema, resultado de un acuerdo entre la Alcaldía y los choferes de transporte público, busca alcanzar un 90% de cobertura en tres meses. «Para evitar el trameaje hemos instalado ya el dispositivo de GPS a más de 1.500 movilidades y seguiremos trabajando en conjunto con los transportistas», afirmó el alcalde Iván Arias.
«Esto sirve precisamente para controlar el trameaje en la ciudad de La Paz», destacó la autoridad municipal. El sistema permitirá a la Alcaldía y a los sindicatos acceder en tiempo real a la ruta de cada vehículo, verificando el cumplimiento del recorrido.
Arias también instó a los conductores del transporte público que sus vehículos deben estar en buenas condiciones para garantizar seguridad y comodidad a los pasajeros. Asimismo, recomendó mejorar el trato hacia los usuarios porque, según denuncian los vecinos, en muchos casos no es amable ni adecuado.
Tarifas
Arias enfatizó la importancia de respetar la tarifa diferenciada para los adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de primaria y secundaria. En micro deben cancelar Bs 1, minibús y carry para tramo corto, Bs 2 y minibús y carry tramo largo, Bs 2.60.
Multas
El Alcalde anunció que, desde la aprobación de la última tarifa, se impusieron multas a 3.000 vehículos de transporte público. Dijo que efectúan controles en diferentes puntos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la tarifa diferenciada, la instalación de sistemas de GPS y la calidad del servicio.
Respecto al paro de transporte de 48 horas previsto para este miércoles y jueves en rechazo a la ley de tarifas aprobada por el Concejo Municipal, lo calificó como un perjuicio para la ciudadanía y la economía de la cuidad.
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