AMUN/02-03-22
La Alcaldía de La Paz informó este miércoles que el proceso de regularización de viviendas y edificios fuera de norma, que comenzó la última semana de febrero, tiene en las subalcaldías de los nueve macrodistritos del municipio a las entidades responsables de fiscalizar si los datos que declaran los propietarios para iniciar el trámite de saneamiento son reales o falsos.
“Según la Ley de Usos de Suelos (Lusu) si en una zona se permiten solamente tres plantas pero hay uno que construyó seis plantas y quiere adherirse a la regularización, va la subalcaldía (al lugar) y fiscaliza”, informó la secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado.
La autoridad edil precisó que el personal de cada subalcaldía debe revisar los planos de construcción del propietario que desea acogerse a la regularización. Si se verifica que la autorización es por tres plantas y el dueño del inmueble construyó tres plantas más, “se aplica la multa, hay que ver si tiene todavía un proceso anterior de fiscalización, se suma eso más y si pago sus impuestos” de años anteriores.
En caso de que haya incumplido con la autorización de construcción, la multa total que el dueño deberá pagar será producto de la suma de todos sus procesos de fiscalización anteriores que haya tenido, explicó Rocabado.
Debido a que entre los requisitos que debe presentar la ciudadanía para acogerse a la regularización de sus inmuebles está la presentación de fotografías del predio a ser regulado, el personal de las subalcaldías debe constatar en el lugar si efectivamente ese edificio tiene, por ejemplo, cuatro plantas y no ocho, tal como lo señaló un propietario en su Declaración Jurada.
Rocabado recordó que este proceso de regularización es voluntario y que para iniciar el trámite se tiene que presentar la constancia de pago del último impuesto del inmueble.
“Tiene que venir con el último pago de impuestos que tiene que presentar y tiene que pedir su certificado de estabilidad de estudio geológico, porque ahí entra la fórmula con la parte de la vulnerabilidad del territorio y fotografías de las fachadas visibles”, añadió Rocabado, quien precisó que Mallasa, Sur, Centro y Cotahuma, son los macrodistritos donde más se presentan viviendas que requieren regularización.
Siete son los requisitos que deben tomar en cuenta los propietarios de bienes inmuebles para acogerse de manera voluntaria a la regularización de sus edificaciones fuera de norma, en el marco de lo que establece la Ley de Regularización de Edificaciones y Adecuación Normativa Territorial, que entró en vigencia el lunes 21 de febrero y tiene validez hasta el 31 de diciembre de 2022.
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