AMN/ 15-06-21
El alcalde de la ciudad de Santa Cruz, Jhonny Fernández, pidió a la justicia que “no se deje manipular por el poder político” en la investigación que hace al alcalde de La Paz, Iván Arias, por el supuesto nombramiento ilegal de personal que realizó cuando era ministro de Obras Públicas en 2020.
“Dios quiera que los fiscales y jueces no se dejen manipular con el poder político, es lo único que pido y exijo como ciudadano y autoridad; sino, ya estaríamos rompiendo todo el sistema y yo creo que aquí debe haber respeto al derecho que tiene cualquier ciudadano o cualquiera autoridad”, dijo el burgomaestre cruceño que visita la ciudad de La Paz.
Fernández afirmó que su colega Arias tiene derecho a la defensa en el proceso que se le sigue. “Respeto a la defensa y él (alcalde de La Paz) tiene derecho a su defensa, pero se le tiene que administrar justicia con transparencia, sin tener que obedecer o ser obediente a otro poder del Estado”, dijo.
El alcalde de la capital cruceña insistió en que la justicia actúe de manera independiente. “Ojalá que la justicia, como poder independiente actúe independientemente y con mucha proba, con mucha justicia, el tema de cualquier veredicto, que saque en investigaciones o procesos que se siguen”, remarcó.
Este lunes (14) y por cuarta vez, la audiencia de medidas cautelares contra el alcalde Arias fue postergada para el viernes 18 de junio, debido a que la defensa del burgomaestre presentó un recurso de apelación contra la imputación de la Fiscalía de La Paz.
La jueza del Tribunal Tercero Anticorrupción, Claudia Castro, rechazó entonces la apelación de la defensa y suspendió por ello la audiencia cautelar contra Arias. Paralelamente, la defensa de Arias anunció que apelará el rechazo presentado por la jueza y un juez superior resolverá el recurso.
El Ministerio Público pide como medidas sustitutivas que la justicia ordene arraigo del burgomaestre y el pago de una fianza. Arias recordó el fin de semana que los nombramientos de personal que realizó en su calidad de ministro, los efectuó “enmarcado en las normas” vigentes y por ello consideró que “no hay argumento” legal para convocarlo a declaraciones ante autoridades judiciales.
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