AMN / 26-08-21
Las alcaldías de La Paz, Cochabamba, Cobija y Tarija anunciaron este jueves, en una nota conjunta, que “no acatarán” una resolución del Ministerio de Salud que les obliga “asignar recursos financieros” del personal de primer y segundo nivel sin presupuesto, determinación gubernamental que contradice a la Ley Marco de Autonomías y la Constitución Política del Estado (CPE).
“Como Gobierno Municipal de La Paz nosotros no vamos a acatar la Resolución Ministerial 251 hasta que se resuelvan los temas (observados)”, manifestó la secretaria municipal de Salud Integral y Deportes de La Paz, Cecilia Vargas, en coincidencia con el secretario Ejecutivo de la comuna paceña, Julio Linares: “No vamos acatar esta Resolución y nos vamos apegar a la Constitución y la Ley Marco de Autonomías”.
El Ministerio de Salud y Deportes emitió la Resolución Ministerial No 251 el 30 de junio de 2021: “Reglamento para la aplicación técnica y la gestión administrativa y financiera de la Ley 1152 de 20 de febrero de 2019 ‘Hacia el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito”. En el Art. 3, parágrafo cuarto, inciso J establece que los gobiernos municipales e indígena originario deben: “Asignar recursos financieros para la contratación de recursos humanos en los establecimientos de primer y segundo nivel, bajo su dependencia para la atención del SUS (Seguro Universal de Salud)”.
La nota conjunta de rechazo fue firmada este jueves por Vargas en representación del municipio de La Paz y los secretarios municipales de Salud de Cochabamba, Aníbal Cruz, de Cobija, Carlos Torrico, y de Tarija, Paul Mendoza.
El secretario Linares calificó la Resolución Ministerial No 251 como “ilegal e inconstitucional”, porque no respeta lo establecido en la CPE, y aseguró que la Alcaldía de La Paz presupuestó más del doble de lo que está establecido conforme a ley para atender la salud.
“Mientras no se cambie esto (la RM No 251) no vamos a acatar la resolución porque, además, queda claro para toda la ciudadanía que el Gobierno Municipal de La Paz está presupuestando casi el doble de lo que la ley le otorga al área de salud, que es el 15,5%”, dijo Linares, a tiempo se señalar que con esta resolución La Paz tendría que erogar entre 30 y 40 millones de bolivianos adicionales para cubrir los sueldos del personal de salud de primer nivel. “Vemos que tenemos limitaciones y vemos que tenemos que hacer magia con ese dinero, es imposible”, añadió.
El secretario Cruz dijo que para cumplir la resolución, el Gobierno tiene que “transferir los recursos suficientes” para el efecto. Precisó que la referida disposición “hace que el municipio no tenga condiciones para pagar al recurso humano y que sus recursos de infraestructura y equipamiento tendrían que gestionarse para cumplir el SUS”.
Explicó que “lo llamativo” del caso es que a través de una nota remitida por la Alcaldía de Cochabamba al ministro de Salud, Jeyson Auza, el 24 de julio, para aclarar este tema, es que hasta ahora, dijo, “no tenemos ningún tipo de respuesta”.
El secretario municipal de Salud de la Alcaldía de Cobija, Carlos Torrico, manifestó su “apoyo rotundo en contra de la resolución ministerial que atenta contra la parte financiera de los municipios”, mientras que su homólogo de Tarija Paul Mendoza coincidió con Cruz en sentido que para administrar esta competencia se le debe otorgar recursos a las alcaldías.
Sin embargo, Torrico cree que lo más viable ahora es “hacer las gestiones para anular esta resolución, que esta resolución tenga claras las cosas. ¿Qué es lo que van a hacer con la salud?”.
Además de la Ley Marco de Autonomías, donde se establece las competencias municipales en este caso, la CPE, en su Art. 302, numeral 20, establece que las alcaldías deben “diseñar construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio municipal”, ello implica que “la gestión del sistema de salud es una competencia concurrente entre el nivel central y los gobiernos autónomos”.
“Por lo tanto, no es correcto, legal ni constitucional que el Gobierno, en contravención a los dispuesto en la Ley Marco y la CPE aumente atribuciones de los municipios sin proveer los recursos necesarios para mantener los mismos”, señala parte de la nota difundida este jueves.
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