AMN/10-11-21
Este miércoles se cumplen dos años de la quema de 66 buses Pumakatari y el alcalde Iván Arias reprochó que en este tiempo la Justicia no dio celeridad a procesos contra los responsables y las denuncias se encuentran estancadas, pese a que de por medio hay observaciones de informes elaborados por expertos internacionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
«Los que quemaron el patrimonio de todos los paceños están libres o por lo menos no hay un procesado. Hay órdenes de aprehensión y la Policía no los aprehende», afirmó la autoridad municipal en entrevista con Bolivisión.
Son dos casos abiertos en la Fiscalía y en uno, el exdirigente Jesús Vera, afín al Gobierno, debe comparecer en un juicio oral, pero el mes pasado suspendieron la audiencia inicial porque el acusado no se presentó con abogados y desde esa fecha tampoco hay una reprogramación.
El proceso penal contra los responsables de la quema de los buses fue observado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que en su informe del 17 de agosto de 2021, sobre la violencia registrada entre septiembre y diciembre de 2019, concluyó que hay fragilidad en la acusación de la Fiscalía porque no complementó las pericias que debía sustentar la investigación.
El alcalde Arias lamentó que la justicia esté inactiva para los PumaKatari, pero se vuelque con celeridad con denuncias en su contra, como el que este miércoles fue citado para declarar por un supuesto acoso político contra las exsubalacaldesas Jacqueline Chavarría y Sheila Dávalos.
El informe del GIEI fue contundente sobre la dilación de procedimientos en la quema de los buses municipales. «Hay un conjunto de diligencias esenciales que no fueron realizadas, especialmente la obtención de imágenes del sistema interno de cámaras de la empresa La Paz Bus. El despliegue y análisis de esas imágenes debería ser una medida inicial de la investigación, en la medida en que puede contribuir a esclarecer la autoría del delito”, versa el reporte de los expertos.
Además, el GIEI observó que hay duplicidad de actividades por dos procedimientos separados, que provocan fragilidad en la acusación. Pese a estas recomendaciones, el Ministerio Público no notificó sobre alguna actividad que realice en el caso.
El jueves 15 de julio de 2021, la Fiscalía de La Paz dispuso el sobreseimiento a tres de los imputados por la quema de los 66 buses PumaKatari durante los conflictos de noviembre de 2019. La medida benefició a Aurelio Quispe Maraza, Nicanor Choque Canaviri y Miriam Gamboa, quienes fueron señalados como los principales autores de la quema de los motorizados, en los patios de La Paz Bus de Chasquipampa, Achumani y Pampahasi, después de la renuncia de Evo Morales, la noche del 10 de noviembre de 2019.
La noche del 10 de noviembre de 2019, hasta la madrugada del 11, grupos violentos, luego de la renuncia a la Presidencia de Evo Morales, atacaron los patios de Chasquipampa, Pampahasi y Achumani con el saldo de 66 buses Pumakatari quemados con bombas molotov, oficinas destrozadas y esa jornada también destruyeron la Estación Integral Policial de Chasquipampa y la Subalcaldía Mallasa.
Jesús Vera, afín al Movimiento Al Socialismo fue identificado como autor de la destrucción de bienes, según las cámaras de seguridad y testigos. El exdirigente vecinal estuvo en la cárcel de manera preventiva por unos meses, pero en marzo de 2020 se benefició con la detención domiciliaria.
La Alcaldía de La Paz apeló la situación legal de Vera para que vuelva a la cárcel, ya que se lo vio por la calle, incluso participó de proselitismo del MAS en las elecciones generales de octubre de 2020 y las subnacionales de marzo de 2021.
Con todo, los 66 buses PumaKatari deben ser fabricados nuevamente en China y para ese fin la empresa aseguradora entregó el cheque de 80 millones de bolivianos. El Gobierno transitorio también facilitó la reposición de los coches dañados con un Decretos Supremo que emitió en septiembre de 2020.
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