AMN/19-08-21
El alcalde Iván Arias afirmó este jueves que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos violentos en 2019, establece que solo con una “justicia imparcial” se dará con los culpables de la quema de los 66 buses PumaKatari, pues el estudio asegura que el ataque fue “premeditado y planeado”, y anunció que la Alcaldía de La Paz seguirá con las acciones legales respectivas.
“El informe de la GIEI en general establece que hubo una acción premeditada y también el informe establece que el única forma de saber la verdad histórica es teniendo una justicia imparcial”, afirmó Arias en Palacio Consistorial.
La investigación del GIEI, que fue presentada el martes en La Paz, en su página 101 detalla que: “La coincidencia de horarios y de método en estos incidentes es indicativa de que los actos fueron premeditados, planeados y realizados por una misma organización”.
El informe también devela “fragilidad en la acusación” contra los investigados. El estudio que aborda todos los incidentes entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, en su acápite dedicado a la quema de los buses municipales, sostiene que “hay un conjunto de diligencias esenciales que no fueron realizadas, especialmente la obtención de imágenes del sistema interno de cámaras de la empresa La Paz Bus. El despliegue y análisis de esas imágenes debería ser una medida inicial de la investigación, en la medida en que puede contribuir a esclarecer la autoría del delito”.
“Se destaca también la falta de elementos probatorios que permitan incriminar conjuntamente a todos los miembros de la Fejuve, con fundamento exclusivamente en la participación en una reunión. Por otro lado, llama la atención del GIEI que el caso sea objeto de dos procedimientos distintos, que han tenido trámites diversos. La separación de la investigación produce, en general, duplicidad de actividades y fragilidades en la acusación”, agrega el texto de la GIEI.
Con todo, Arias cuestionó que la Fiscalía de La Paz otorgara libertad a los implicados en el segundo proceso abierto por la quema de los buses, el GIEI reseña que se trata de dos dirigentes del Sindicato de Transporte Público 14 de Septiembre y 22 afines a la Federación de Juntas Vecinales que dirigía Jesús Vera.
Todos fueron liberados por supuesta falta de pruebas, cuando, el reporte de la GIEI menciona que no se hicieron pericias, como los 33 DVD que se entregaron con imágenes de cámaras de vigilancia, la triangulación de llamadas entre los supuestos participantes de los ataques y varios testimonios.
“Los señores que fueron sindicados hoy están libres. Nosotros hemos denunciado, hemos puesto, hemos hecho una contrademanda a esto, el informe de la GIEI es claro, nosotros vamos a seguir adelante”, sostuvo el alcalde de La Paz.
La Fiscalía abrió dos procesos, refiere el GIEI sobre las acciones de la Fiscalía de La Paz, uno por los 64 buses destruidos en los patios de Chasquipampa y Achumani; y en este proceso, Jesús Vera debería ir a juicio oral ya que tiene acusación formal, pero el informe alerta que “la copia del expediente revisado por el GIEI no permitió observar avances en la conducción del proceso, sea en fondo del asunto o respecto del requerimiento de revocación de la detención domiciliaria”.
Según la investigación, la quema de buses municipales sucedió la noche del 10 de noviembre de 2019, entre las 19:00 y las 21:00 y media hora después, otro grupo de personas intentó ingresar al patio de Villa Salomé, para posiblemente destruir más coches, por lo que se abrió la segunda investigación.
“Vuelvo decir que el Pumakatari no es propiedad de una persona, es propiedad de los paceños, se quemaron, se prendió fuego, se los destruyó y aquí estamos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, nosotros seguiremos haciendo las acciones que sean pertinentes”, enfatizó Arias.
El 15 de septiembre de 2020, la entonces presidenta Jeanine Añez informó sobre la vigencia del Decreto Supremo 4329 que viabilizaba la reposición de 66 buses PumaKatari que fueron quemados en noviembre de 2019 y para este procedimiento autorizaba al Gobierno Municipal entregar de manera excepcional el 50% de anticipo a la empresa que fabrique los buses.
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