La directora de Asuntos Jurídicos del municipio paceño indicó que el Ministerio Público realiza una persecución contra los funcionarios ediles.
AMUN/30-12-24
En su declaración, el propietario de la empresa Kantutani, Luis Iturralde, confirmó que los terrenos del Cementerio Jardín Los Andes pertenecen al municipio de Achocalla. La alcaldía paceña no puede fiscalizar ese predio, pese a ello, el Ministerio Público realiza una persecución contra los funcionarios ediles.
“El mismo dueño de la empresa, Luis Iturralde, ha declarado la anterior semana de manera virtual. Ahí ha ratificado y confirmado que ellos pertenecen a la jurisdicción de Achocalla. Como Gobierno Municipal de La Paz, nosotros no podemos fiscalizar un predio privado que manifiesta expresamente que su jurisdicción es el municipio de Achocalla”, indicó la directora de Asuntos Jurídicos del municipio de La Paz, Amparo Morales.
Sin embargo, aseguró que lo que más llama la atención es que el Ministerio Público continúa ampliando la denuncia y sigue haciendo una persecución a los funcionarios municipales del Gobierno Municipal de La Paz.
El 23 de noviembre, una mazamorra que bajó desde el Cementerio Los Andes anegó a 40 viviendas de las urbanizaciones El Rosal, El Prado, Santa Cecilia y Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz, además se llevó la vida de una niña. Este estrago se generó por el movimiento de tierra que realizó la empresa en terrenos del camposanto.
Tras ese incidente, Morales, hizo una cronología de todas las acciones legales que hizo el municipio paceño. El 25 de noviembre presentó una denuncia penal por peligro de estrago contra la empresa, el 27 recién elabora y presenta un plan de contingencia que la presenta a Achocalla y el 29 la hace conocer a través de una copia ante el municipio de La Paz.
“Ni siquiera solicitan una coordinación ni una intervención para ejecutar su plan de contingencia. Habiendo conocido este plan, el alcalde de La Paz (Iván Arias) convoca a la empresa el 1 de diciembre para una reunión de coordinación. Ahí se conoce de forma extensa el plan y se advierte que contemplaba la reparación del cementerio y no toda la zona afectada que nosotros necesitamos recuperar, reparar y restablecer para los damnificados”, resaltó.
Por ello, el 3 de diciembre municipio de La Paz presenta una acción constitucional porque se afectaron derechos colectivos y de la comunidad, esto con el fin de que una sala constitucional intervenga e instruya a la empresa que puedan ejecutar un plan de contingencia en toda la zona afectada, es decir, en Bajo Llojeta.
Este lunes se cumplen 37 días de la tragedia y según Morales, hasta el momento, el Ministerio Público no pudo determinar o involucrar a la empresa Kantutani como responsables de todo este hecho.
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