AMUN/21-07-23
Amparada en la norma tributaria, la Alcaldía de La Paz anunció este viernes que en agosto iniciará medidas coactivas, entre las que están la retención de fondos, los embargos, clausuras e incluso remates, a aquellos inmuebles que tienen deudas tributarias, entre los que se encuentra el predio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). El operativo se asemejará al trabajo realizado por la Administración Tributaria Municipal (ATM), realizado con los dueños de vehículos en mora, a muchos de los cuales se les retiraron las placas.
“Tenemos previsto, a partir del mes de agosto, efectuar un operativo como el que hemos efectuado a vehículos (cuyos dueños tienen deuda impositiva), referido a inmuebles y entre ese universo de inmuebles se encuentra el ubicado en la Av. 6 de Agosto (de la APDHB), la norma prevé que en tanto no se honre la deuda al fisco, nosotros tenemos que proceder al embargo del inmueble”, informó la directora de la ATM, Noemí Lastra.
El referido inmueble donde funciona la APDHB tiene una deuda impositiva de más de 719 mil bolivianos desde hace 11 años. Conforme a la aplicación de normas del Código Tributario y del Código de Procedimiento Civil, la Alcaldía de La Paz tiene la potestad de realizar el embargo del predio y nombrar un custodio de esta propiedad hasta que se regularice el pago y el derecho propietario del mismo, dado que este edificio sigue registrado a nombre del Fondo de Pensiones de la Banca Privada, a pesar de que en 2002 fue cedido en calidad de comodato para que ahí funcione la Asamblea.
“Tenemos que nombrar un depositario, este depositario puede ser una persona, pero tiene preferencia el ente acreedor, ¿por qué? Porque de acuerdo con el artículo 48 del Código Tributario el patrimonio del deudor se constituye en garantía para el pago de los impuestos y, por consiguiente, para que nosotros recuperemos la mora”, detalló Lastra.
La directora de la ATM recordó que el año pasado la Alcaldía de La Paz publicó la fiscalización de este inmueble, así como otros 68 mil inmuebles que están en “proceso de cobro coactivo y hasta ahora no han honrado sus deudas al Fisco”. Parte de este proceso conlleva, además, la anotación preventiva, el embargo y remate.
“En todas nuestras acciones coercitivas la ley nos ampara que pidamos el auxilio de la fuerza pública, ya sea Guardia Municipal o Policía. El inmueble debe estar libre de cualquier persona e intervenimos para pegar el precinto de embargo”, añadió.
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